El endiosamiento del Estado
EL ENDIOSAMIENTO DEL ESTADO
Así como existen en el mundo más de seis mil millones de personas diferentes y con discímiles personalidades, valores, historias propias, pensamientos, conductas y -en definitiva- vidas personales; así también existen múltiples sociedades diferentes.
Y, al igual que en el caso de cada persona individual, no existe forma de catalogar correctamente y con justeza cada una de las personalidades o características propias de cada sociedad. Hay sociedades caracterizadas por ámbitos geográficos más o menos claros, otras por límites del concepto amplio de nación; e inclusive, globalmente hablando, por características religiosas.
Sería infinito tratar de clasificarlas o enumerarlas, pues, como resulta evidente para el caso de las personas físicas, cada sociedad una tiene sus caracteres y peculiaridades propios e irrepetibles, que hasta -inclusive- se mezclan transgeneracionalmente y en forma transversal.
No obstante, creo que la sociedad argentina, en general, ha incurrido en los últimos cincuenta años en una decadencia moral tal que se ha provocado a sí misma, lo que -entiendo- podría llamarse el endiosamiento del Estado.
Así, han sido tan abusivas, y francamente contrarias a los derechos individuales de las personas, las conductas torcidas de los dirigentes de los distintos niveles estaduales, que se ha ido conformando paulatinamente en el ideario popular y como sistema cultural aceptado, que todo debe ser puesto a disposición del funcionamiento del Estado.
Se ha creado de tal modo, desde antiguo y por el fracaso de los dirigentes respectivos, el dogma que las cuentas del Estado no pueden ser embargadas por un acreedor individual pese a la existencia de una sentencia judicial firme. O que los créditos judiciales de las personas individuales deben ser atendidos conforme un cronograma de pagos unilateralmente dispuesto (y generalmente incumplido). La excusa que se ha puesto para ello, que ha mutado hoy día a verdad revelada incuestionable, es que no pueden ser afectados los recursos inherentes al funcionamiento del Estado.
El problema reside, en mi opinión, cuando esta construcción claramente avasallante de la persona humana se instala años y décadas, incorporándose al sistema cultural de la sociedad.
O, como está ocurriendo en estos precisos momentos, cuando se manipula grotesca y dictatorialmente una situación sanitaria, para avasallar la casi totalidad de los derechos naturales y civiles de las personas.
Como un verdadero cáncer axiológico, avanza lentamente ese concepto totalitario en todos los ámbitos sociales, jurídicos, económicos y gubernamentales, convirtiéndose de a poco -y por la acción del miedo- en un hito extra y supra constitucional; al que todos, absolutamente todos, deben respetar, cuidar y venerar como una cuestión inamovible del funcionamiento de la sociedad.
Es la normalización de la emergencia permanente, que todo lo puede derogar, diferir ... pulverizar.
Valga un ejemplo claro y elocuente: el concepto social de perdurabilidad de la emergencia que se siembra y mantiene en el inconsciente social es al que permanentemente recurre el Estado (en realidad: sus dirigentes personas humanas) para el establecimiento de nuevos tributos: el Impuesto a las Ganancias, Impuestos a los Combustibles, Impuesto a los Débitos y Créditos, etc.; todos nacidos en la emergencia y con declamaciones de ser dejados sin efecto en futuras épocas de bonanza, pero que se instalan y nunca más son abandonados. Es más, cada año se van perfeccionando en su sistema de drenaje de la economía del individuo persona.
Más prístino es ahora ese comportamiento de la dirigencia estatal (en cualquiera de sus niveles y ámbitos) ni bien se advierten las insólitas e intolerables restricciones a las libertades individuales (trabajar, viajar, etc.) fundadas sólo en las intencionadas declamaciones que infunden miedo a la sociedad, pero que muy poco correlato tienen -porcentualmente- con la realidad ...
Creo también que uno de los elementos necesarios para que todo este anómalo sistema se mantenga es, además de la complacencia judicial que auto-reduce su rol al fiel dependiente que cuida los intereses del amo Estado (y no hablo de la incontable cantidad de jueces que ponen sobre sus escritorios, y ejecutan en sus sentencias, los valores y principios que han jurado defender; sino de la dirigencia judicial), sino también la renuncia conciente del mando estatal a optimizar los recursos y elementos del Estado, provocándose así un descontrolado incremento de los costos de funcionamiento de una estructura cada vez más grande, ineficiente y anquilosada, con cada vez más empleados que sólo burocratizan los trámites sin otra finalidad que justificar su propia existencia.
El resultado de ello ha sido, indefectiblemente en las últimas décadas, el desmesurado (y no controlado) incremento del déficit fiscal que gasta más de lo que recauda/produce, dándose por ende y por la inevitable crisis que genera tan descomunal ineficiencia estatal, una nueva vuelta de tuerca sobre los patrimonios de las personas individuales (léase, creación de nuevos impuestos por la emergencia … y así una y otra vez).
Como normalmente se llega a ribetes tan escandalosos que los mecanismos normales (legales?) de recaudación no alcanzan a cubrir a tiempo ese déficit fiscal (por la inoperancia e ineficacia del propio Estado hasta para recaudar sus propios recursos económicos), se asiste entonces así al fenómeno del brazo armado económico, mediante el cual el Estado puede decretar y ejecutar embargos en forma administrativa, metiendo mano unilateralmente a las cuentas bancarias de las personas sin la existencia de una previa intervención judicial que -aunque la normativa la limite a una cuestión meramente formal- así lo decrete.
O, en la otra cara, sometiéndose a quien debe recuperar fondos retenidos o cobrados de más por parte del Estado (o aún simples deudas comerciales), a la licuación y pauperización de sus créditos al sostener por un lado los procesos inflacionarios y obligar -por el otro- que su reclamo transite interminables procesos administrativos y luego judiciales que concluyen, en la mayoría de los casos, mediante la entrega de bonos o canjes de créditos con una expoliatoria diferencia de intereses en perjuicio del administrado.
Llegado este punto, hagamos un ejercicio: detengámonos unos instantes en este cuadro general y -más allá que lo veamos como algo que normalmente sucede en nuestra vida diaria- procuremos ver a Francia, España o los Estados Unidos de América (etc.) en este perfil cultural de funcionamiento. Es absolutamente impensable y sería completamente descabellado procurar insertar tal matriz en cualquiera de tales países, dado que mantienen el respeto por el individuo persona como límite infranqueable de la potencia estatal.
Entonces, porqué sucede esto en Argentina y, para peor, con tanta naturalidad?
Opino que ello es el producto de haber sido incorporado el endiosamiento del Estado en nuestra cultura de funcionamiento social, tras décadas de lenta y paulatina construcción normativa, judicial y mediática, como la rana que languidece en el agua sometida a fuego lento.
Así, a diario aceptamos con normalidad que el Estado Municipal adquiera, compre e instale complejos y costosos sistemas de cámaras de vigilancia en las calles de la ciudad, con destino a la recaudación de las foto-multas; pero hace más de una década que discute con el Estado Provincial quién y cómo instalará las cámaras de seguridad para la prevención del conductas delictivas …
Es claro con este ejemplo que la seguridad de la sociedad no ha sido jamás una prioridad para ninguno de ambos órdenes estaduales; pero sí generar mayores recursos económicos (foto-multas) para alimentar el empleo público, los subsidios, los desvíos y vacíos provocados por la corrupción, etc.
O, del otro lado, es decir de nuestra parte, aceptamos y hacemos campañas y pedidos para que las empresas donen reposeras y elementos al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia (por ejemplo), para que las madres de los niños internados puedan estar al lado de ellos mientras dura la internación; asumiendo las diferentes Cooperadoras (que, además del hospital, lamentablemente han proliferado en policiales, de bomberos voluntarios, de las escuelas, etc.) y demás ONG, la carga de suplir y suminstrar lo que el Estado niega, retacea o directamente sustrae con actos de corrupción.
Y todo ello, con una generación de riqueza petrolera descomunal, y una de las mayores presiones y cargas fiscales del mundo (o sea, recursos económicos nunca faltaron).
Para peor, y dejando de lado la absoluta buena intención y buena fe de las personas que actúan en estas ONG; escuchándose como justificativo del pedido de esas reposeras que el ámbito público no es como el ámbito privado, como dándose tácitamente a entender que en este último la madre sería tratada -pagos mediante- como un ser humano con derechos; mientras que en el primero no, debido a la escasez de los elementos …
Me preguntaba mientras escuchaba hace un tiempo atrás a ambos bienintencionados participantes de una conversación radial que reiteraba el pedido de reposeras … estas madres no han pagado ya el servicio mediante el cual el Estado debe atender la salud de sus hijos, brindándoles a ellas el lugar adecuado para que acompañen a los pequeños pacientes?
Sí, lo han hecho ya y lo hacen cotidianamente al pagar como Consumidor Final el Impuesto al Valor Agregado más caro e ineficiente del planeta, al abonar como usuaria del sistema bancario el Impuesto a los Débitos y Créditos, etc., etc., etc.
Aunque en la creencia popular del endiosamiento del Estado esto no cuadre, todos los impuestos del Estado deben sufragar íntegramente los servicios a los que el propio Estado se ha obligado (y no únicamente sueldos del empleo público), coparticipación mediante, sin someternos a los individuos a tener que recurrir al ambito privado para ser respetados como personas, abonando dos veces lo mismo.
Cuál es el pre-concepto que esconde esa distinción entre ámbito público y ámbito privado? Evidentemente, en el ideario popular intervenido por la inserción cultural que hace ya décadas se viene cumpliendo, la noción es que el ámbito público sólo existe para ser utilizado por exclusión por parte de las franjas más pobres y vulnerables de la sociedad, que no poseen los recursos suficientes para ser tratados como verdaderas personas en el ámbito privado.
Considero escandaloso y lamentable que como sociedad hayamos finalmente claudicado nuestros valores y principios aceptando esta increíble distorsión con normalidad y mansedumbre. Esta, e innúmera cantidad más.
En el interín, y con la salvedad de verdaderos servidores públicos que me consta existen, el Estado y sus legiones de burócratas ineficientes siguen drenando con cada vez mayor voracidad no ya la economía de nosotros los individuos, sino -hoy en día y con la excusa de la pandemia- directamente nuestra fuerza vital.
Y así, asistimos entonces pasivamente a situaciones insólitas como las mencionadas respecto del Hospital Regional, o las de las cámaras de vigilancia para las foto-multas, o -peor aún, por el nivel generalizado de complicidad activa y pasiva que ello implica- a procesos eleccionarios con múltiples promesas y escenarios absolutamente irreales y ficticios, que sólo un período mensual después mágicamente se derrumban mostrando crudamente la ineficiencia estatal de no poder siquiera abonar los salarios de los agentes estatales, las jubilaciones, etc.
Y atenti que esto es sólo una pequeñísima instantánea temporal. Quienes verdaderamente detentan el poder de conocer la real magnitud de toda esta situación, de la ineficiencia del Estado y la cada vez mayor voracidad para satisfacerla, son … justamente … los mismos dirigentes que conforman, alimentan y ejecutan tal cuadro social y formato cultural.
Difícil la tarea de tomar conciencia de ello … pero muchísimo más difícil -sino imposible dado el estado de las cosas- revertirlo, cambiarlo, o intentar formar otro paradigma social-cultural …
Como individuos, nuestras sociedades nos merecen …
Como sociedades, merecemos estos individuos?
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